MIERCOLES 15 DE ENERO, 2020
PROYECTO DE LEY QUE ELIMINA INMUNIDAD PARLAMENTARIA AL ARRESTO, PROCESO JUDICIAL Y ANTEJUICIO DE PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA NACIÓN

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 93°; 99° Y 100° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA ELIMINAR LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA AL ARRESTO Y AL PROCESO JUDICIAL Y EL ANTEJUICIO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA NACIÓN

Los Congresistas de la República del Grupo Parlamentario Perú Libre, en uso de las atribuciones que establecen la Constitución Política del Estado y el Reglamento del Congreso de la República, presentan a Consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley:  

Considerando:

  • Que, la inmunidad parlamentaria establecida por la Constitución Política del Estado en su artículo 93° ha sido mal utilizada por las mayorías parlamentarias para proteger a malos congresistas que han cometido delitos antes de ser congresistas y durante el ejercicio de su función parlamentaria.
  • Que, esta práctica ha sido amplia y generalizada durante los últimos ejercicios parlamentarios y debe ser corregida para recuperar la institucionalidad democrática en nuestro país.
  • Que, el Congreso de la República, además de las funciones de representación, legislación y fiscalización, tiene de forma implícita una función pedagógica en la formación ciudadana que viene incumpliendo, al permitir que la inmunidad parlamentaria haya derivado en impunidad para verdaderos delincuentes, que han visto en la elección parlamentaria una forma de evadir a la justicia.
  • Que es esencial que esta mala práctica sea corregida para que el Congreso de la República recupere ante la ciudadanía su prestigio como primer poder del Estado.
  • Estando a lo que establecen la Constitución Política del estado y el Reglamento del Congreso de la República;

    Presentan el siguiente Proyecto de Reforma Constitucional:

 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 93°; 99° Y 100° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA ELIMINAR LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA AL ARRESTO Y AL PROCESO JUDICIAL Y EL ANTEJUICIO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA NACIÓN

FÓRMULA LEGAL

Artículo 1.- Modificatorio del Artículo 93° de la Constitución Política del Estado.

Modificase el Artículo 93° de la Constitución Política del Estado que pasa a tener la siguiente redacción.

Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

Durante su mandato pueden ser procesados por la Fiscalía Suprema del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, por delitos que puedan haber cometido antes o después de ser elegidos como congresistas.  En el caso de que se produzca una sentencia firme que implique detención efectiva, el Congreso procederá a declarar su vacancia y a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones la extensión de las credenciales correspondientes al candidato accesitario, quien ocupara la curul dejada vacante.

Artículo 2°.- Modificatorio del Artículo 99° de la Constitución Política del Estado.

Modificase el Artículo 99° de la Constitución Política del Estado que pasa a tener la siguiente redacción.

Artículo 99°. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución cometida en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. Con las restricciones establecidas en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado, los delitos comunes atribuidos a estas autoridades son procesados por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia sin el requerimiento de antejuicio ante el Congreso de la República.

Artículo 3°.- Modificatorio del Artículo 100° de la Constitución Política del Estado.

Eliminase el último párrafo del Artículo 100° de la Constitución Política del Estado, que pasa a tener la siguiente redacción.

Artículo 100°. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. 62 Edición del Congreso de la República | Marzo 2019 En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.     

Artículo 4.- Disposición derogatoria

Derógase, modifícase o adecúese, según sea el caso, toda norma que se oponga a lo dispuesto por esta ley de reforma constitucional

Lima, marzo de 2020

Firmas de los congresista electos de Perú Libre

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política del Estado en su artículo 93° establece que los congresistas de la República, además de no estar sujetos a mandato imperativo alguno y no ser responsable ante ninguna autoridad por las opiniones o votos que emitan en cumplimiento de sus funciones, gozan de inmunidad de arresto o proceso judicial requeridos por la comisión de delitos, en cuyo caso, la justicia deberá solicitar al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad. De esta manera se antepone una decisión congresal previa, que defiende a todos los congresistas de la justicia ordinaria pero que si afecta a todos los peruanos.

La población peruana ha observado con indignación como las mayorías en el Congreso de la República, han protegido de manera artera a miembros conspicuos de sus bancadas parlamentarias de la justicia por largos meses y años sin que no exista justificación alguna, sino solo la conveniencia política. Solo en los últimos años han defendido de la acción de la justicia a los congresistas Héctor Becerril, Edwin Donayre, Yesenia Ponce, Moisés Mamani, Richard Acuña, Betty Ananculí, Wilbert Rozas, Edilberto Curro, Velázquez Quesquén, etc. También han protegido a jueces y fiscales como César Hinostroza, Pedro Chavarry, Ángel Romero, etc., funcionarios públicos que según los artículos 99° y 100° tienen derecho a antejuicio en el Congreso de la República antes que la justicia pueda procesarlos.  

Esta práctica negativa en la aplicación de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio a los mencionados altos funcionarios del Estado, ha devenido en contraproducente para la vida política de la nación y está generando un gran descontento entre los ciudadanos que ven como estas prerrogativas se ha convertido en un escudo para la corrupción.

A este respecto el Dr. García Sayán, ex ministro de justicia del Perú y expresidente de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica ha expresado su punto de vista, señalando que le parece conveniente que en el Perú, se siga la decisión ya adoptada en Colombia de suprimir la inmunidad y el antejuicio en todos los estamentos de la administración pública.   “Yo creo que frente a esta situación del auto levantamiento de la inmunidad, que no funciona, porque se hacen cómplices en el Congreso — todos o la mayoría—, naturalmente que lo haga la Corte Suprema me parecería razonable. Sin embargo, ¿por qué no pensar en el modelo colombiano que no hay inmunidad? En Colombia no hay inmunidad porque se fue detectando que había una serie de hechos criminales cometidos por miembros del Congreso y entonces eso se levantó. ¿Eso ha traído como consecuencia que ya nadie quiera ser parlamentario por no tener inmunidad? No, eso no pasa”, argumentó. (Declaraciones a IDL Radio Programa No hay Derecho del 8 de mayo de 2019).

 A este respecto cabe señalar que la inmunidad parlamentaria, nacida de las primeras experiencias democráticas frente a la autoridad de los reyes, ha venido en continuo deterioro. En algunos países como el Perú, la inmunidad parlamentaria cubre el arresto y el proceso judicial. En este modelo se encuentran también a Chile, Ecuador, España, México y otros. En Argentina Italia y los EEUU., los congresistas tienen inmunidad de arresto pero no de proceso y existen países en los que no existe inmunidad de ningún tipo como Colombia, Canadá, Panamá y otros. 

La Propuesta que se presenta

La propuesta legislativa que se presenta, como en el caso colombiano, propone que no haya inmunidad de ningún tipo para los congresistas ni derecho a antejuicio por delitos comunes que puedan cometer las autoridades señaladas en el Artículo 99° de la Carta Magna, pero sí que los casos judiciales que implique a los congresistas y las más altas autoridades sean vistos por los órganos de mayor jerarquía del Ministerio Público y el Poder Judicial.

En el Artículo 1° se elimina la inmunidad de proceso judicial y la inmunidad de arresto de los congresistas, para que puedan responder como cualquier ciudadano a los requerimientos de la justicia, cuando son acusados por la comisión de cualquier delito común, que pueda haber sido cometido y estar en proceso antes de ser elegidos como congresistas o que puedan ser cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Para este efecto se propone la modificación del Artículo 93° de la Constitución Política eliminando las disposiciones que obligaban a que el Congreso autorice la detención o la apertura de proceso judicial en estos casos. Se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente del Art. 93 y el texto que se propone.

 

Cuadro N° 1

Artículo 1° Modificación del Artículo 93 de la Constitución

Texto Vigente

(En cursiva el texto que se elimina)

Texto propuesto

(En cursiva y negritas el nuevo text

Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

 

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

 

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

 

Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

 

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

 

Durante su mandato pueden ser procesados por la Fiscalía Suprema del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial por delitos que puedan haber cometido antes o después de ser elegidos como congresistas.  En el caso de que se produzca una sentencia firme que implique detención efectiva, el Congreso procederá a declarar su vacancia y a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones la extensión de las credenciales correspondientes al candidato accesitario, quien ocupara la curul dejada vacante.

 

En el Artículo 2.- de la presente propuesta legislativa, se propone la modificación del Artículo 99° de la Constitución Política del Estado para eliminar el derecho al antejuicio, que está establecido como un privilegio para los altos funcionarios de diversos organismos públicos y la inmunidad al proceso judicial de los congresistas de la República. El texto que se propone establece que, salvo el Presidente de la República, que tiene causales específicas establecidas en el Artículo 117 de la Constitución Politice para ser acusado, todas las demás altas autoridades del servicio público pueden ser procesadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial por la comisión de delitos ordinarios sin necesidad de ser autorizados previamente por el Congreso de la República, dejando a salvo la capacidad de éste para acusarlos y eventualmente sancionarlos por infracciones a la Constitución Política.    

Cuadro N° 2

Artículo 2.-  Modificación del Artículo 99° de la Constitución

Texto Vigente

(En cursiva el texto que se elimina)

Texto propuesto

(En cursiva y negritas el nuevo texto)

Artículo 99°. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

 

Artículo 99°. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución cometida en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. Con las restricciones establecidas en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado, los delitos comunes atribuidos a estas autoridades son procesados por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia sin el requerimiento de antejuicio ante el Congreso de la República.

 

 

En el Artículo 3.- de la reforma constitucional que se propone, se ha eliminado el último párrafo del Artículo 100° de la Carta Magna, que establece que en los casos de delitos de los altos funcionarios, la denuncia fiscal y el auto apertorio del proceso están restringidos a los términos de la acusación del Congreso, lo que ha permitido por ejemplo, que en el caso Hinostroza, la justicia española rechace la acusación de pertenencia a una organización criminal, puesto que los otros miembros de esta  supuesta organización, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, fueron exonerados de este cargo por el Congreso. Así, con ciertas sorna, los jueces españoles señalan que “es imposible que Hinostroza sea el único miembro de la organización criminal que supuestamente jefatura”.

Es cierto que, siguiendo la lógica de nuestra propuesta, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán abrir proceso y eventualmente establecer penas privativas de la libertad de los altos funcionarios públicos sin solicitar previamente autorización del Congreso, pero aun así, este poder el Estado podrá establecer procesos contra ellos por infracción constitucional, por lo que a nuestro juicio se hace imprescindible establecer la derogatoria de lo dispuesto por el último párrafo del citado Artículo 100 de la Constitución.  

 

Cuadro N° 3

Artículo 3° Modificación del Artículo 100° de la Constitución

Texto Vigente

(En cursiva el texto que se elimina)

Texto propuesto

 

Artículo 100°. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

 

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.

 

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

 Artículo 100°. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

 

 La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.     

 

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Esta propuesta incide en la Constitución Política del Estado al modificar sus artículos 93°, 99° y 100°, obliga a modificar el Reglamento del Congreso de la República en la parte pertinente, así como los reglamentos correspondientes del Ministerio Público y el Poder judicial.  

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La reforma constitucional que se propone no incrementa los gastos públicos, antes bien, al permitir que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con rapidez sin esperar la autorización del Congreso ante presuntos delitos cometidos por las más altas autoridades de la Nación, representa un ahorro procesal importante y un beneficio social evidente, que no puede medirse en términos monetarios pero si en términos de confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

 

 

      

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